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EL REGIONALISMO ABIERTO DE LA CEPAL *

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1. Introducción

Hacia mediados de los años ochenta, los acuerdos preferenciales tendientes a alentar el comercio intrarregional no concitaban mayor interés entre los gobiernos y los gremios privados de la región. En primer término, persistía la noción de que eran más propicios a la industrialización sustitutiva de importaciones que al esfuerzo exportador. En segundo lugar, para América Latina y el Caribe en conjunto, el mercado regional era limitado, en comparación con el de las principales economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y de bajo o nulo crecimiento. Eso explica, en parte, que se concentraran los esfuerzos en acceder a los mercados de gran envergadura y dinamismo mediante la aplicación de un conjunto de políticas internas que incluían, de manera prominente, la liberalización comercial y un tipo de cambio real alto.

Sin embargo, en los últimos tiempos han proliferado acuerdos de diversa índole y muy heterogéneos en cuanto a sus modalidades y configuración geográfica. Así lo demuestra la suscripción de numerosos convenios de comercio preferencial, normalmente en el contexto de los Acuerdos de Alcance Parcial previstos en el Tratado de Montevideo de 1980. Además de esos acuerdos --bilaterales, trilaterales y multilaterales-- se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mientras que los gobiernos miembros de procesos subregionales de viejo cuño (Mercado Común Centroamericano, Comunidad del Caribe, Grupo Andino) se reunían frecuentemente y al más alto nivel para profundizar sus respectivos compromisos integradores.

En ese período, también tomó cuerpo una experiencia inédita: la formación de una zona de libre comercio entre economías desarrolladas (Canadá, Estados Unidos de América) y una economía en desarrollo (México), en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al mismo tiempo, Brasil lanzó su propuesta para establecer una zona de libre comercio de alcance sudamericano.

2. El renovado interés en la integración

¿Cómo se explica este renovado interés en la integración? El fenómeno es atribuible a varios factores, entre los que cabe mencionar el dificultoso y lento avance de las negociaciones multilaterales en el marco del GATT, el ejemplo que ofrecen el perfeccionamiento de la Comunidad Europea y la creación de una zona de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos (a la cual se suma ahora México), la gradual convergencia de las políticas económicas aplicadas en América Latina y el Caribe y la creciente afinidad política entre gobiernos civiles y democráticamente electos.

Asimismo, gradualmente se descubrió que la integración también podría ser funcional a mejorar la inserción de las economías latinoamericanas y del Caribe en la economía internacional. De hecho, ninguno de los países -desarrollados o en desarrollo- que han asumido compromisos integradores los han planteado como alternativas a una inserción más dinámica en la economía internacional, sino como procesos complementarios para cumplir ese propósito. En los países de ambos grupos se sostiene más bien que su finalidad es la instauración de una economía internacional más abierta y transparente: los procesos de integración serían los futuros cimientos de una economía internacional libre de proteccionismo y de trabas al intercambio de bienes y servicios.

Además, todos reconocen los beneficios potenciales de la integración, sobre todo sobre la capacidad de innovar y de elevar la productividad. Estos son bien conocidos. Entre los efectos de signo positivo --puesto que los hay de signo negativo, también-- se encuentra el aprovechamiento de economías de escala, especialmente si las prácticas proteccionistas impiden sacar partido de ellas en el mercado mundial; la reducción de las rentas improductivas derivadas de la falta de competencia; la manera en que la integración influye en las expectativas de inversión y la manera que la reducción de barreras comerciales facilita el rendimiento de las actividades de innovación, al favorecer la estandarización de normas y regulaciones, fomentar la creación de centros de excelencia y reducir los costos de la investigación pura y aplicada.

Por todos esos motivos, la mayoría de los países han impulsado la integración impulsada por acuerdos o políticas explícitas, que entrañan ciertas preferencias con respecto al trato dispensado a las demás naciones. Esos acuerdos han sido paralelos --y complementarios-- a la clara tendencia hacia la liberalización comercial y la adopción de políticas de desreglamentación, que han realzado la importancia relativa del comercio exterior en el conjunto de las economías y, también han contribuido a incrementar el comercio recíproco y la inversión intralatinoamericanos, tomando en cuenta la cercanía geográfica.

3. El "regionalismo abierto"

La forma en que ambos fenómenos descritos interactúan --el trato no discriminatorio frente a terceros países y los acuerdos preferenciales con otros-- es de decisiva importancia. Según cual sea su contenido y alcance, los acuerdos formales pueden resultar antagónicos o complementarios al desplazamiento hacia una creciente interdependencia guiada por las señales del mercado y orientada a una mejor inserción en la economía internacional. Lo que cabría perseguir, entonces, sería fortalecer los vínculos recíprocos entre ambos elementos, en el marco de lo que la Secretaría de la CEPAL ha denominado "regionalismo abierto", es decir, un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente.

Lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura y de la promoción no discriminatoria de las exportaciones es que comprende un ingrediente preferencial, reflejado en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de la región. Se pretende conciliar la mejor inserción internacional con la profundización de nexos de interdependencia entre los países de la región. Con todo, de no producirse ese escenario óptimo, el regionalismo abierto de todas maneras cumpliría una función importante, en este caso como un mecanismo de defensa de los efectos de eventuales presiones proteccionistas en mercados extrarregionales.

4. Características que favorecen el regionalismo abierto

¿Cuáles son las características que favorecen el regionalismo abierto?

Una primera característica consiste en que los acuerdos deben garantizar una liberalización amplia de mercados en términos de sectores. Esto significa establecer escasas excepciones, para así elaborar listas negativas de bienes y servicios excluidos en vez de listas positivas de aquellos comprendidos en el libre comercio intrarregional, lo cual no impide que se fijen diversos períodos de transición. Por otra parte, dados los efectos favorables que la liberalización ya efectuada unilateralmente ejerce sobre el comercio intrarregional, se hace aconsejable no aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias que se le aplican.

En segundo lugar, se precisa una liberalización amplia de mercados en términos de países. Ello supone formular acuerdos con condiciones de adhesión flexibles. Hay por lo menos tres mecanismos que facilitarían la ampliación de la cobertura geográfica de los acuerdos de integración y también su armonización: primero, promover la adhesión flexible de nuevos miembros; segundo, conciliar las normas, para lo cual se podrían aprovechar las surgidas del ámbito multilateral; y tercero, otorgar a la inversión de origen intrarregional un tratamiento equivalente al de la nacional.

Con la liberalización amplia de mercados en términos de sectores y países, se reducirían los costos económicos derivados de acuerdos sectoriales restrictivos, de la polarización de inversiones y de compromisos contradictorios que provocan incertidumbre, mientras que se alentaría la expansión de la inversión, la incorporación de progreso técnico y el aprovechamiento de las economías de escala.

En tercer término, es necesario que el proceso integrador esté regido por normas estables y transparentes, de manera que los acuerdos recíprocos de integración actúen claramente como garantía de que no habrá eventuales riesgos o incertidumbres respecto del acceso al mercado ampliado. Para que así sea se debe contar con normas nítidas y precisas sobre origen, salvaguardias, derechos compensatorios y resolución de controversias. En este sentido, los acuerdos negociados en el seno de la Ronda Uruguay, más que las normas multilaterales resultantes de rondas previas, deberían servir de referencia para la formulación de los acuerdos de integración.

En cuarto lugar, en el contexto internacional contemporáneo, los aranceles externos comunes y un moderado nivel de protección frente a terceros son instrumentos eficientes para reducir los incentivos al contrabando y también para evitar acusaciones de comercio desleal relacionadas con el uso de insumos con grados de protección distintos. Asimismo, reducen la necesidad de contar con normas estrictas de origen, que pueden representar un obstáculo importante a la liberalización comercial. Los aranceles comunes pueden introducirse de manera gradual y dar prioridad a aquellos sectores en los que su ausencia provocaría mayores distorsiones, así como a los países cercanos con los que existe un intenso comercio recíproco y que poseen estructuras productivas similares.

En quinto lugar, ante la posibilidad de que se llegue a una amplia liberalización intrarregional del comercio y de las inversiones, conviene tener presente el peligro de que las normas de origen pueden llegar a ser un instrumento proteccionista oculto, que discrimine en mayor medida en contra de los países con menor capacidad para aprovechar las potencialidades del mercado ampliado o de los que cuentan con una mayor proporción de inversión de origen extrarregional. Por consiguiente, si bien dichas normas se hacen necesarias, especialmente a falta de un arancel común, hay consideraciones de competitividad y equidad que aconsejan limitar sus exigencias.

En séxto lugar, la extensión del tratamiento nacional a la inversión intrarregional, también contemplada parcialmente en algunos acuerdos de integración, puede producir el efecto adicional de crear oportunidades de inversión en sectores previamente vedados (en particular en el de los servicios), así como también dar una mayor seguridad a las empresas de la región que pretenden invertir fuera de sus países de origen. Este aspecto puede reforzarse mediante cláusulas o acuerdos destinados a proteger la inversión intrarregional y a evitar la doble tributación. Dado que los procesos de privatización y de desreglamentación de los servicios pueden ampliar el número de empresas en condiciones de suministrarlos, a la vez que abren la posibilidad de aprovechar mejor la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de la región, se fortalecerían las condiciones favorables a un incremento del comercio de servicios y de la inversión de origen intra y extrarregional en este sector en particular.

En séptimo lugar, y dada la existencia de desequilibrios comerciales entre países de la región, convendría que las acciones se decidieran mediante negociaciones o consultas previas, para alejar así la posibilidad de escaladas de represalias. Una forma de arreglo cooperativo podría ser que los países superavitarios a nivel global facilitaran, con la ayuda de diversas medidas, el ingreso a sus mercados de bienes provenientes de las economías deficitarias. Se evitaría así que las asimetrías macroeconómicas se corrigieran exclusivamente mediante la disminución del comercio recíproco.

En octavo lugar, si se considera la vulnerabilidad del comercio intrarregional ante los déficit globales de balanza de pagos (y sus posibles repercusiones sobre las tasas de cambio), cabría reforzar jurídica y financieramente los organismos regionales de apoyo a las balanzas de pagos. Ello contribuiría a graduar el ajuste de las cuentas externas de los países, a facilitar así su participación en procesos de integración y a aumentar la confianza en estos últimos. En el mismo orden de ideas, los sistemas de pago pueden convertirse en un instrumento fundamental para facilitar la expansión de los flujos recíprocos de comercio e inversiones.

En noveno lugar, para favorecer la incorporación de progreso técnico es necesario convertir la armonización de normas en un componente fundamental del proceso de integración. En el marco del regionalismo abierto, cabría favorecer la adopción de reglas internacionales. Entre otros beneficios, es de suponer que la armonización libera recursos que las empresas hubieran tenido que dedicar a enfrentar normas diferenciadas, lo que permite invertir en actividades de mayor rendimiento, como las de investigación y desarrollo, incluyendo aquellas que faciliten la imitación o la asimilación de adelantos técnicos transferidos del exterior.

Finalmente, la integración debe contribuir a reducir las trabas o costos de transacción que, además de las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, aumentan los costos de los proveedores regionales y obstaculizan el intercambio recíproco. Reducir estos costos de transacción requiere construir obras de infraestructura que vinculan a los países, eliminar o armonizar normas y regulaciones y efectuar reformas institucionales que faciliten la integración de mercados incompletos o segmentados. A diferencia de la reducción de aranceles, estas acciones pueden requerir recursos financieros de consideración, lo cual justifica evaluarlas y ordenarlas en términos de sus beneficios netos.

5. Los arreglos sectoriales y la política macroeconómica

En cuando al vínculo entre los compromisos integradores y la gestión macroeconómica, cabría señalar que a medida que la estabilización se consolide en América Latina y el Caribe, perderán peso los argumentos en favor de restringir los acuerdos preferenciales de liberalización comercial a aquellos pares de países que se encuentran más avanzados en materia de equilibrios internos y externos, por lo que pueden ofrecer un contexto estable, predecible y coherente. Cuando exista un mayor número de países encaminados por la senda de la estabilización habrá mayores posibilidades de llegar a acuerdos de integración más amplios, es decir, de multilateralizar el proceso.

Asimismo, la integración comercial puede inducir una mayor necesidad de coordinar las políticas macroeconómicas. Sin embargo, y no obstante la atención que ha recibido el tema en el seno del MERCOSUR, en América Latina y el Caribe esta coordinación tiende a ser limitada, particularmente cuando existen condiciones de inestabilidad que impiden que un país ejerza un control efectivo de sus propios instrumentos. Además, debe tomarse en cuenta que las formas más sólidas de coordinación surgen como resultado de un proceso bastante largo, durante el cual la integración va adquiriendo mayor impulso y las políticas macroeconómicas interactúan constantemente.

Las actuales restricciones justifican definir un itinerario que podría comenzar con un intercambio de información y un examen de las repercusiones que determinadas economías pueden provocar en las demás. Esto implicaría un proceso de aprendizaje que, junto con aportar una dimensión multilateral, podría facilitar la cooperación y también contribuir a reducir el riesgo de que se produzcan acciones y reacciones que originen conflictos. Como una forma complementaria de coordinación se podrían establecer reglas generales sobre el tipo de políticas que las partes se comprometerían a adoptar, así como sobre las medidas (tipos de cambio múltiple, ciertos subsidios, sobretasas) que se acordaría evitar.

Por otra parte, la falta de consenso sobre el régimen cambiario óptimo, las dificultades para lograr una convergencia de las políticas fiscales y monetarias y la propia experiencia europea sugieren que la coordinación de la política cambiaria, en un marco estrecho, no es una opción práctica en la fase inicial en que ahora se encuentran los procesos de integración latinoamericana y caribeña. Sin embargo, así como su avance hace necesario compatibilizar -dentro de ciertos márgenes- los desequilibrios internos de los países participantes mediante políticas monetarias y fiscales, es preciso hacer lo mismo con los desequilibrios externos. Una vez que el intercambio comercial entre los socios haya alcanzado un volumen significativo, el establecimiento de un mecanismo flexible de compatibilización cambiaria puede ser un elemento funcional dentro del esquema sugerido de coordinación laxa de políticas macroeconómicas.

La creciente interdependencia que acompaña a la integración también implica más necesidades de cooperación y de armonización en nuevas áreas; una de ellas es la de las normas y regulaciones laborales. Aunque existen serias diferencias de opinión sobre la conveniencia de vincular la política comercial con la armonización de normas laborales, las migraciones y la facilitación de la movilidad de las personas requieren reglamentaciones complejas, particularmente si se contempla otorgar tratamientos diferentes a las diversas categorías de trabajadores.

Otro tema que merece atención es el de las políticas sobre competencia, ya que existe la posibilidad de que complementen las políticas de apertura y que, al mismo tiempo, sustituyan los instrumentos de protección hasta ahora utilizados para enfrentar la competencia desleal de las importaciones. En particular, cabe considerar que la puesta en práctica de políticas supranacionales de competencia, como las aplicadas en el seno de la Comunidad Europea, puede contribuir a evitar los peligros anticompetitivos que origina la utilización de algunos instrumentos de política comercial, como los derechos antidumping, entre países que son miembros de un acuerdo de integración.

Por último, tanto el mayor grado de interdependencia en la región como las exigencias del mercado internacional condicionarán la cobertura temática de los acuerdos de integración en el futuro. Aparte de los temas macroeconómicos, laborales y de competencia, puede preverse que se prestará creciente atención a temas adicionales de la agenda internacional de las relaciones económicas, entre ellos los de medio ambiente y de la propiedad intelectual.

6. La necesidad de arreglos sectoriales flexibles y abiertos

Un proceso de integración que procure favorecer la incorporación de progreso técnico requiere, además de la liberalización amplia de mercados, arreglos sectoriales flexibles al servicio de las empresas que desean aprovechar los beneficios potenciales de la integración. Correspondería a los gobiernos desempeñar el papel de catalizador para que se generen estructuras flexibles de coordinación empresarial que faciliten la intermediación de la transferencia tecnológica, la creación de redes de información y la apertura de canales o foros de intercambio, reflexión, construcción de consensos y movilización de recursos de apoyo. Estas instancias también podrían servir para gestar proyectos empresariales conjuntos o propiciar otros tipos de acuerdos entre empresas establecidas en diversos países de la región. El Programa Bolívar, por ejemplo, es una propuesta que apunta en esa dirección.

En este sentido, convendría reorientar los arreglos sectoriales que forman parte de los acuerdos de integración para que dejen de ser compromisos que sólo se ocupan de la regulación del comercio (con restricciones cuantitativas, prácticas comerciales restrictivas o normas de origen exigentes) y se vuelvan más flexibles y abiertos, con propósitos como eliminar obstrucciones por medio de proyectos (por ejemplo en las áreas de transporte y energía), o de facilitar el comercio y las inversiones.

Estos compromisos constituirían instancias de cooperación entre los sectores público y privado y podrían estar dirigidos a cumplir con algunos de los requisitos sistémicos de la competitividad de los países integrantes. La corrección de ciertas distorsiones, como las prácticas comerciales restrictivas, entre las que se cuenta la distribución de mercados entre empresas, podría hacer necesaria la aplicación de políticas sobre competencia. Otras disparidades, como las resultantes del uso de insumos de costos muy diferentes (por ejemplo, el petróleo) o de regulaciones que traban los flujos recíprocos de comercio de bienes y servicios podrían justificar acuerdos sectoriales de armonización.

Por otra parte, impulsar la interdependencia requiere facilitar la difusión de tecnologías a nivel regional por diversas vías, como la mayor movilidad de personal calificado entre empresas, la realización de inversiones recíprocas, el uso común de infraestructura, la producción de insumos potencialmente utilizables en diversas industrias, la adopción de nuevos sistemas tecnológicos, y el intercambio de información técnica, experiencias y oportunidades. La importancia que adquieren la cercanía geográfica y la afinidad cultural en el contexto de un proceso más abierto de integración abre la posibilidad de aprovechar estas oportunidades más plenamente que en el pasado.

El proceso de difusión e innovación tecnológicas que se buscaría promover mediante la integración exigiría que se facilitaran los vínculos con países extrarregionales en los que se generan las principales innovaciones en dicho ámbito. Para países como los latinoamericanos y caribeños, que normalmente se ven limitados a seguir estos avances desde cierta distancia, éste es un punto crucial, puesto que la transferencia de tecnología que trae consigo la apertura comercial es un componente básico de sus perspectivas de crecimiento. Este hecho reitera la conveniencia de impulsar un proceso de integración intrarregional que contribuya a fortalecer la relación de los países de América Latina y el Caribe con el resto del mundo.

7. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de su natural importancia como conjunto de normas que rige las relaciones económicas entre los mayores socios comerciales a nivel hemisférico (Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México), se destaca por ser el acuerdo de libre comercio de más amplia cobertura temática en el hemisferio y el primero que se negocia entre un país desarrollado y uno en desarrollo. El antecedente que ofrece, así como la posibilidad de que eventualmente se plieguen a el otros países latinoamericanos y caribeños, ha concitado considerable interés.

La opinión más generalizada con respecto a los efectos del Tratado de Libre Comercio en los países de América Latina y el Caribe es que puede ser beneficioso para los países del hemisferio, aunque evidentemente sus efectos variarán de un país a otro y, lo que es aún más importante, según el tipo de acuerdo que se adopte. Una posibilidad extrema sería la adopción de un tratado abierto y amplio; la otra sería un acuerdo excluyente y restringido. Otro factor que influiría en el impacto del TLC es el contexto internacional: es indudable que los rasgos de la integración regional dependerán en parte de cuán abierta o restringida resulte la aplicación práctica de la Ronda Uruguay.

Obviamente, hay que distinguir a México del resto de América Latina y el Caribe. En el caso de aquel país, la suscripción del TLC, junto con su ingreso al GATT, contribuye a consolidar la orientación liberalizadora previamente adoptada en forma unilateral. Asimismo, la entrada en vigor del Tratado consolida el acceso de México al mercado de los Estados Unidos, lo amplía y lo dota de bases más estables. En general, el país se beneficiará ampliamente del TLC, en lo que respecta a la creación de comercio, las corrientes de inversión, el crecimiento económico y, en términos más generales, a la promoción del proceso de modernización productiva.

En lo que se refiere al resto de América Latina y el Caribe, en el corto plazo podrían darse dos tendencias contradictorias. Por una parte, es probable que la aprobación del TLC en los Estados Unidos actúe como catalizador de nuevas reformas en la región y reactive los procesos de integración subregional. El proceso de liberalización del comercio con los Estados Unidos podría ser viable posiblemente en el marco de una zona de libre comercio.

La segunda tendencia es más problemática. Se trata de la probable desviación del comercio y la inversión hacia México, en desmedro del resto de los países de América Latina y el Caribe. El grado de desviación obviamente variará de un país a otro, pero en algunos casos podría resultar de una magnitud apreciable.

No es posible saber con certeza qué magnitud tendrá la desviación de las inversiones, aunque el caso de España ilustra cómo pueden aumentar las corrientes de inversión hacia un país que ingresa a un acuerdo de integración. Además, en el caso de México las cifras sobre inversión extranjera en los últimos años parecen apuntar a la misma conclusión.

El grado de desviación del comercio y las inversiones depende en gran medida de cómo evolucione el Tratado y cómo se vincule a las tendencias hemisféricas de integración. ¿Es posible que otros países de América Latina y el Caribe adhieran también al TLC? O, mejor aún, ¿es posible que se integren al Tratado en grupos, manteniendo las agrupaciones subregionales ya existentes? ¿Cuánto tardará el proceso?

La gama de posibles implicancias de las diferentes respuestas a estas preguntas para el resto de América Latina y el Caribe es enorme. Si bien un TLC abierto parecería ser la mejor opción para el hemisferio (junto con una amplia aplicación de los principios que se persiguen con la Ronda Uruguay), un TLC excluyente podría ser más negativo para la región (con la excepción de México) que la posible no adopción del Tratado.

Sin embargo, parece haber indicios de que el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a ampliar el Tratado y de que probablemente se imponga un TLC abierto, aunque cabe prever que el proceso de ampliación tarde muchos años. Suponiendo que así sea, cabe hacer algunas observaciones respecto de la desagregación de costos y beneficios por categorías de países en un esquema hemisférico más amplio derivado del TLC. Dicho de otra manera, si bien todos los países del hemisferio pueden beneficiarse de una zona de libre comercio en el hemisferio, algunos se encuentran en una situación más ventajosa que otros.

Hay varios elementos que se deben tomar en consideración en este contexto, incluidos los siguientes: 1) la dirección de las corrientes comerciales; 2) la composición del comercio; 3) el estado de las reformas internas, incluido el nivel de barreras comerciales existentes entre los posibles miembros y con respecto a los demás países; 4) la cercanía del mercado y los inversionistas de América del Norte; 5) el tamaño económico del país; 6) el nivel de desarrollo del país, y, 7) la oportunidad en que éste se incorpore a la zona de libre comercio.

Muchos de estos factores están interrelacionados. Una manifestación de ello es que los países que probablemente se cuenten entre los últimos en integrarse a la zona de libre comercio --a menos que se tomen precauciones especiales-- serán los más pequeños y menos desarrollados, en los que las reformas internas aún están en ciernes.

De esta generalización se pueden derivar tres observaciones. En primer término, al menos inicialmente, las desigualdades entre los países del hemisferio pueden agudizarse cuando se inicie el proceso de creación de una zona de libre comercio. En segundo lugar, pese a esta posibilidad, cualquier país puede hacer mucho para mejorar considerablemente su posición mediante la adopción de reformas económicas. Tercero, la atención de las necesidades de los países pequeños y menos preparados del hemisferio se justifica, puesto que en caso de que no se las satisfaga, probablemente recaería sobre ellos la mayor parte de los costos de una zona de libre comercio en proceso de transición.

8. Aspectos institucionales

Para terminar, la tendencia hacia el regionalismo abierto tiene un reflejo en su base institucional. En ese sentido, no existen fórmulas universales. Más bien, las entidades encargadas de impulsar procesos de integración económica deben estar en consonancia con el grado de avance de los mismos procesos. Si sólo se trata de abolir los obstáculos a la libre circulación de mercancías, las instituciones podrán ser predominantemente intergubernamentales y relativamente modestas. En cambio, para conducir procesos más complejos, que contemplen la coordinación de políticas, se precisan instancias también más desarrolladas y de carácter intergubernamental.

En todo caso, cabría evitar la adopción de compromisos rígidos y favorecer más bien esquemas flexibles, dotados de la adaptabilidad necesaria como para que sea la propia dinámica del proceso la que imponga el ritmo de desarrollo institucional. Interesa, además, que se permita y facilite una mayor participación de las organizaciones representativas de los diversos intereses sociales, en consonancia con el ánimo democratizador que se percibe en la región. En ese mismo orden de ideas, se justifican las instancias como el Parlamento Latinoamericano, que introducen el tema de la integración a la agenda política a nivel de cada país de la región.


* Esta monografía ofrece uma sístesis del documento de la CEPAL itulado El regionalismo abierto em América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad (LC/G.1801), Santiago do Chile, abril 1994.

** Secretário-General de la Comisión Económica para la Latinoamerica y Caribe, de Las Naciones Unidas.

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http://www.mre.gov.br/unir/webunir/BILA/14/artigos/5rosenth.htm