1. Introducción
Hacia mediados de los años ochenta, los acuerdos preferenciales
tendientes a alentar el comercio intrarregional no concitaban mayor interés
entre los gobiernos y los gremios privados de la región. En primer término,
persistía la noción de que eran más propicios a la industrialización
sustitutiva de importaciones que al esfuerzo exportador. En segundo lugar, para
América Latina y el Caribe en conjunto, el mercado regional era limitado, en
comparación con el de las principales economías de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y de bajo o nulo crecimiento. Eso
explica, en parte, que se concentraran los esfuerzos en acceder a los mercados
de gran envergadura y dinamismo mediante la aplicación de un conjunto de políticas
internas que incluían, de manera prominente, la liberalización comercial y un
tipo de cambio real alto.
Sin embargo, en los últimos tiempos han proliferado acuerdos de diversa
índole y muy heterogéneos en cuanto a sus modalidades y configuración geográfica.
Así lo demuestra la suscripción de numerosos convenios de comercio
preferencial, normalmente en el contexto de los Acuerdos de Alcance Parcial
previstos en el Tratado de Montevideo de 1980. Además de esos acuerdos
--bilaterales, trilaterales y multilaterales-- se creó el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), mientras que los gobiernos miembros de procesos subregionales de
viejo cuño (Mercado Común Centroamericano, Comunidad del Caribe, Grupo Andino)
se reunían frecuentemente y al más alto nivel para profundizar sus respectivos
compromisos integradores.
En ese período, también tomó cuerpo una experiencia inédita: la
formación de una zona de libre comercio entre economías desarrolladas (Canadá,
Estados Unidos de América) y una economía en desarrollo (México), en el marco
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al mismo tiempo, Brasil
lanzó su propuesta para establecer una zona de libre comercio de alcance
sudamericano.
2. El renovado interés en la integración
¿Cómo se explica este renovado interés en la integración? El fenómeno
es atribuible a varios factores, entre los que cabe mencionar el dificultoso y
lento avance de las negociaciones multilaterales en el marco del GATT, el
ejemplo que ofrecen el perfeccionamiento de la Comunidad Europea y la creación
de una zona de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos (a la cual se suma
ahora México), la gradual convergencia de las políticas económicas aplicadas
en América Latina y el Caribe y la creciente afinidad política entre gobiernos
civiles y democráticamente electos.
Asimismo, gradualmente se descubrió que la integración también podría
ser funcional a mejorar la inserción de las economías latinoamericanas y del
Caribe en la economía internacional. De hecho, ninguno de los países
-desarrollados o en desarrollo- que han asumido compromisos integradores los han
planteado como alternativas a una inserción más dinámica en la economía
internacional, sino como procesos complementarios para cumplir ese propósito.
En los países de ambos grupos se sostiene más bien que su finalidad es la
instauración de una economía internacional más abierta y transparente: los
procesos de integración serían los futuros cimientos de una economía
internacional libre de proteccionismo y de trabas al intercambio de bienes y
servicios.
Además, todos reconocen los beneficios potenciales de la integración,
sobre todo sobre la capacidad de innovar y de elevar la productividad. Estos son
bien conocidos. Entre los efectos de signo positivo --puesto que los hay de
signo negativo, también-- se encuentra el aprovechamiento de economías de
escala, especialmente si las prácticas proteccionistas impiden sacar partido de
ellas en el mercado mundial; la reducción de las rentas improductivas derivadas
de la falta de competencia; la manera en que la integración influye en las
expectativas de inversión y la manera que la reducción de barreras comerciales
facilita el rendimiento de las actividades de innovación, al favorecer la
estandarización de normas y regulaciones, fomentar la creación de centros de
excelencia y reducir los costos de la investigación pura y aplicada.
Por todos esos motivos, la mayoría de los países han impulsado la
integración impulsada por acuerdos o políticas explícitas, que entrañan
ciertas preferencias con respecto al trato dispensado a las demás naciones.
Esos acuerdos han sido paralelos --y complementarios-- a la clara tendencia
hacia la liberalización comercial y la adopción de políticas de
desreglamentación, que han realzado la importancia relativa del comercio
exterior en el conjunto de las economías y, también han contribuido a
incrementar el comercio recíproco y la inversión intralatinoamericanos,
tomando en cuenta la cercanía geográfica.
3. El "regionalismo abierto"
La forma en que ambos fenómenos descritos interactúan --el trato no
discriminatorio frente a terceros países y los acuerdos preferenciales con
otros-- es de decisiva importancia. Según cual sea su contenido y alcance, los
acuerdos formales pueden resultar antagónicos o complementarios al
desplazamiento hacia una creciente interdependencia guiada por las señales del
mercado y orientada a una mejor inserción en la economía internacional. Lo que
cabría perseguir, entonces, sería fortalecer los vínculos recíprocos entre
ambos elementos, en el marco de lo que la Secretaría de la CEPAL ha denominado
"regionalismo abierto", es decir, un proceso de creciente
interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos
preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de
apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de
los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una
economía internacional más abierta y transparente.
Lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura y de la promoción
no discriminatoria de las exportaciones es que comprende un ingrediente
preferencial, reflejado en los acuerdos de integración y reforzado por la
cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de la región. Se
pretende conciliar la mejor inserción internacional con la profundización de
nexos de interdependencia entre los países de la región. Con todo, de no
producirse ese escenario óptimo, el regionalismo abierto de todas maneras
cumpliría una función importante, en este caso como un mecanismo de defensa de
los efectos de eventuales presiones proteccionistas en mercados
extrarregionales.
4. Características que favorecen el regionalismo abierto
¿Cuáles son las características que favorecen el regionalismo
abierto?
Una primera característica consiste en que los acuerdos deben
garantizar una liberalización amplia de mercados en términos de sectores. Esto
significa establecer escasas excepciones, para así elaborar listas negativas de
bienes y servicios excluidos en vez de listas positivas de aquellos comprendidos
en el libre comercio intrarregional, lo cual no impide que se fijen diversos períodos
de transición. Por otra parte, dados los efectos favorables que la liberalización
ya efectuada unilateralmente ejerce sobre el comercio intrarregional, se hace
aconsejable no aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias que se le
aplican.
En segundo lugar, se precisa una liberalización amplia de mercados en términos
de países. Ello supone formular acuerdos con condiciones de adhesión
flexibles. Hay por lo menos tres mecanismos que facilitarían la ampliación de
la cobertura geográfica de los acuerdos de integración y también su
armonización: primero, promover la adhesión flexible de nuevos miembros;
segundo, conciliar las normas, para lo cual se podrían aprovechar las surgidas
del ámbito multilateral; y tercero, otorgar a la inversión de origen
intrarregional un tratamiento equivalente al de la nacional.
Con la liberalización amplia de mercados en términos de sectores y países,
se reducirían los costos económicos derivados de acuerdos sectoriales
restrictivos, de la polarización de inversiones y de compromisos
contradictorios que provocan incertidumbre, mientras que se alentaría la
expansión de la inversión, la incorporación de progreso técnico y el
aprovechamiento de las economías de escala.
En tercer término, es necesario que el proceso integrador esté regido
por normas estables y transparentes, de manera que los acuerdos recíprocos de
integración actúen claramente como garantía de que no habrá eventuales
riesgos o incertidumbres respecto del acceso al mercado ampliado. Para que así
sea se debe contar con normas nítidas y precisas sobre origen, salvaguardias,
derechos compensatorios y resolución de controversias. En este sentido, los
acuerdos negociados en el seno de la Ronda Uruguay, más que las normas
multilaterales resultantes de rondas previas, deberían servir de referencia
para la formulación de los acuerdos de integración.
En cuarto lugar, en el contexto internacional contemporáneo, los
aranceles externos comunes y un moderado nivel de protección frente a terceros
son instrumentos eficientes para reducir los incentivos al contrabando y también
para evitar acusaciones de comercio desleal relacionadas con el uso de insumos
con grados de protección distintos. Asimismo, reducen la necesidad de contar
con normas estrictas de origen, que pueden representar un obstáculo importante
a la liberalización comercial. Los aranceles comunes pueden introducirse de
manera gradual y dar prioridad a aquellos sectores en los que su ausencia
provocaría mayores distorsiones, así como a los países cercanos con los que
existe un intenso comercio recíproco y que poseen estructuras productivas
similares.
En quinto lugar, ante la posibilidad de que se llegue a una amplia
liberalización intrarregional del comercio y de las inversiones, conviene tener
presente el peligro de que las normas de origen pueden llegar a ser un
instrumento proteccionista oculto, que discrimine en mayor medida en contra de
los países con menor capacidad para aprovechar las potencialidades del mercado
ampliado o de los que cuentan con una mayor proporción de inversión de origen
extrarregional. Por consiguiente, si bien dichas normas se hacen necesarias,
especialmente a falta de un arancel común, hay consideraciones de
competitividad y equidad que aconsejan limitar sus exigencias.
En séxto lugar, la extensión del tratamiento nacional a la inversión
intrarregional, también contemplada parcialmente en algunos acuerdos de
integración, puede producir el efecto adicional de crear oportunidades de
inversión en sectores previamente vedados (en particular en el de los
servicios), así como también dar una mayor seguridad a las empresas de la región
que pretenden invertir fuera de sus países de origen. Este aspecto puede
reforzarse mediante cláusulas o acuerdos destinados a proteger la inversión
intrarregional y a evitar la doble tributación. Dado que los procesos de
privatización y de desreglamentación de los servicios pueden ampliar el número
de empresas en condiciones de suministrarlos, a la vez que abren la posibilidad
de aprovechar mejor la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países
de la región, se fortalecerían las condiciones favorables a un incremento del
comercio de servicios y de la inversión de origen intra y extrarregional en
este sector en particular.
En séptimo lugar, y dada la existencia de desequilibrios comerciales
entre países de la región, convendría que las acciones se decidieran mediante
negociaciones o consultas previas, para alejar así la posibilidad de escaladas
de represalias. Una forma de arreglo cooperativo podría ser que los países
superavitarios a nivel global facilitaran, con la ayuda de diversas medidas, el
ingreso a sus mercados de bienes provenientes de las economías deficitarias. Se
evitaría así que las asimetrías macroeconómicas se corrigieran
exclusivamente mediante la disminución del comercio recíproco.
En octavo lugar, si se considera la vulnerabilidad del comercio
intrarregional ante los déficit globales de balanza de pagos (y sus posibles
repercusiones sobre las tasas de cambio), cabría reforzar jurídica y
financieramente los organismos regionales de apoyo a las balanzas de pagos. Ello
contribuiría a graduar el ajuste de las cuentas externas de los países, a
facilitar así su participación en procesos de integración y a aumentar la
confianza en estos últimos. En el mismo orden de ideas, los sistemas de pago
pueden convertirse en un instrumento fundamental para facilitar la expansión de
los flujos recíprocos de comercio e inversiones.
En noveno lugar, para favorecer la incorporación de progreso técnico
es necesario convertir la armonización de normas en un componente fundamental
del proceso de integración. En el marco del regionalismo abierto, cabría
favorecer la adopción de reglas internacionales. Entre otros beneficios, es de
suponer que la armonización libera recursos que las empresas hubieran tenido
que dedicar a enfrentar normas diferenciadas, lo que permite invertir en
actividades de mayor rendimiento, como las de investigación y desarrollo,
incluyendo aquellas que faciliten la imitación o la asimilación de adelantos técnicos
transferidos del exterior.
Finalmente, la integración debe contribuir a reducir las trabas o
costos de transacción que, además de las barreras comerciales arancelarias y
no arancelarias, aumentan los costos de los proveedores regionales y
obstaculizan el intercambio recíproco. Reducir estos costos de transacción
requiere construir obras de infraestructura que vinculan a los países, eliminar
o armonizar normas y regulaciones y efectuar reformas institucionales que
faciliten la integración de mercados incompletos o segmentados. A diferencia de
la reducción de aranceles, estas acciones pueden requerir recursos financieros
de consideración, lo cual justifica evaluarlas y ordenarlas en términos de sus
beneficios netos.
5. Los arreglos sectoriales y la política macroeconómica
En cuando al vínculo entre los compromisos integradores y la gestión
macroeconómica, cabría señalar que a medida que la estabilización se
consolide en América Latina y el Caribe, perderán peso los argumentos en favor
de restringir los acuerdos preferenciales de liberalización comercial a
aquellos pares de países que se encuentran más avanzados en materia de
equilibrios internos y externos, por lo que pueden ofrecer un contexto estable,
predecible y coherente. Cuando exista un mayor número de países encaminados
por la senda de la estabilización habrá mayores posibilidades de llegar a
acuerdos de integración más amplios, es decir, de multilateralizar el proceso.
Asimismo, la integración comercial puede inducir una mayor necesidad de
coordinar las políticas macroeconómicas. Sin embargo, y no obstante la atención
que ha recibido el tema en el seno del MERCOSUR, en América Latina y el Caribe
esta coordinación tiende a ser limitada, particularmente cuando existen
condiciones de inestabilidad que impiden que un país ejerza un control efectivo
de sus propios instrumentos. Además, debe tomarse en cuenta que las formas más
sólidas de coordinación surgen como resultado de un proceso bastante largo,
durante el cual la integración va adquiriendo mayor impulso y las políticas
macroeconómicas interactúan constantemente.
Las actuales restricciones justifican definir un itinerario que podría
comenzar con un intercambio de información y un examen de las repercusiones que
determinadas economías pueden provocar en las demás. Esto implicaría un
proceso de aprendizaje que, junto con aportar una dimensión multilateral, podría
facilitar la cooperación y también contribuir a reducir el riesgo de que se
produzcan acciones y reacciones que originen conflictos. Como una forma
complementaria de coordinación se podrían establecer reglas generales sobre el
tipo de políticas que las partes se comprometerían a adoptar, así como sobre
las medidas (tipos de cambio múltiple, ciertos subsidios, sobretasas) que se
acordaría evitar.
Por otra parte, la falta de consenso sobre el régimen cambiario óptimo,
las dificultades para lograr una convergencia de las políticas fiscales y
monetarias y la propia experiencia europea sugieren que la coordinación de la
política cambiaria, en un marco estrecho, no es una opción práctica en la
fase inicial en que ahora se encuentran los procesos de integración
latinoamericana y caribeña. Sin embargo, así como su avance hace necesario
compatibilizar -dentro de ciertos márgenes- los desequilibrios internos de los
países participantes mediante políticas monetarias y fiscales, es preciso
hacer lo mismo con los desequilibrios externos. Una vez que el intercambio
comercial entre los socios haya alcanzado un volumen significativo, el
establecimiento de un mecanismo flexible de compatibilización cambiaria puede
ser un elemento funcional dentro del esquema sugerido de coordinación laxa de
políticas macroeconómicas.
La creciente interdependencia que acompaña a la integración también
implica más necesidades de cooperación y de armonización en nuevas áreas;
una de ellas es la de las normas y regulaciones laborales. Aunque existen serias
diferencias de opinión sobre la conveniencia de vincular la política comercial
con la armonización de normas laborales, las migraciones y la facilitación de
la movilidad de las personas requieren reglamentaciones complejas,
particularmente si se contempla otorgar tratamientos diferentes a las diversas
categorías de trabajadores.
Otro tema que merece atención es el de las políticas sobre
competencia, ya que existe la posibilidad de que complementen las políticas de
apertura y que, al mismo tiempo, sustituyan los instrumentos de protección
hasta ahora utilizados para enfrentar la competencia desleal de las
importaciones. En particular, cabe considerar que la puesta en práctica de políticas
supranacionales de competencia, como las aplicadas en el seno de la Comunidad
Europea, puede contribuir a evitar los peligros anticompetitivos que origina la
utilización de algunos instrumentos de política comercial, como los derechos
antidumping, entre países que son miembros de un acuerdo de integración.
Por último, tanto el mayor grado de interdependencia en la región como
las exigencias del mercado internacional condicionarán la cobertura temática
de los acuerdos de integración en el futuro. Aparte de los temas macroeconómicos,
laborales y de competencia, puede preverse que se prestará creciente atención
a temas adicionales de la agenda internacional de las relaciones económicas,
entre ellos los de medio ambiente y de la propiedad intelectual.
6. La necesidad de arreglos sectoriales flexibles y abiertos
Un proceso de integración que procure favorecer la incorporación de
progreso técnico requiere, además de la liberalización amplia de mercados,
arreglos sectoriales flexibles al servicio de las empresas que desean aprovechar
los beneficios potenciales de la integración. Correspondería a los gobiernos
desempeñar el papel de catalizador para que se generen estructuras flexibles de
coordinación empresarial que faciliten la intermediación de la transferencia
tecnológica, la creación de redes de información y la apertura de canales o
foros de intercambio, reflexión, construcción de consensos y movilización de
recursos de apoyo. Estas instancias también podrían servir para gestar
proyectos empresariales conjuntos o propiciar otros tipos de acuerdos entre
empresas establecidas en diversos países de la región. El Programa Bolívar,
por ejemplo, es una propuesta que apunta en esa dirección.
En este sentido, convendría reorientar los arreglos sectoriales que
forman parte de los acuerdos de integración para que dejen de ser compromisos
que sólo se ocupan de la regulación del comercio (con restricciones
cuantitativas, prácticas comerciales restrictivas o normas de origen exigentes)
y se vuelvan más flexibles y abiertos, con propósitos como eliminar
obstrucciones por medio de proyectos (por ejemplo en las áreas de transporte y
energía), o de facilitar el comercio y las inversiones.
Estos compromisos constituirían instancias de cooperación entre los
sectores público y privado y podrían estar dirigidos a cumplir con algunos de
los requisitos sistémicos de la competitividad de los países integrantes. La
corrección de ciertas distorsiones, como las prácticas comerciales
restrictivas, entre las que se cuenta la distribución de mercados entre
empresas, podría hacer necesaria la aplicación de políticas sobre
competencia. Otras disparidades, como las resultantes del uso de insumos de
costos muy diferentes (por ejemplo, el petróleo) o de regulaciones que traban
los flujos recíprocos de comercio de bienes y servicios podrían justificar
acuerdos sectoriales de armonización.
Por otra parte, impulsar la interdependencia requiere facilitar la
difusión de tecnologías a nivel regional por diversas vías, como la mayor
movilidad de personal calificado entre empresas, la realización de inversiones
recíprocas, el uso común de infraestructura, la producción de insumos
potencialmente utilizables en diversas industrias, la adopción de nuevos
sistemas tecnológicos, y el intercambio de información técnica, experiencias
y oportunidades. La importancia que adquieren la cercanía geográfica y la
afinidad cultural en el contexto de un proceso más abierto de integración abre
la posibilidad de aprovechar estas oportunidades más plenamente que en el
pasado.
El proceso de difusión e innovación tecnológicas que se buscaría
promover mediante la integración exigiría que se facilitaran los vínculos con
países extrarregionales en los que se generan las principales innovaciones en
dicho ámbito. Para países como los latinoamericanos y caribeños, que
normalmente se ven limitados a seguir estos avances desde cierta distancia, éste
es un punto crucial, puesto que la transferencia de tecnología que trae consigo
la apertura comercial es un componente básico de sus perspectivas de
crecimiento. Este hecho reitera la conveniencia de impulsar un proceso de
integración intrarregional que contribuya a fortalecer la relación de los países
de América Latina y el Caribe con el resto del mundo.
7. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de su
natural importancia como conjunto de normas que rige las relaciones económicas
entre los mayores socios comerciales a nivel hemisférico (Estados Unidos-Canadá
y Estados Unidos-México), se destaca por ser el acuerdo de libre comercio de más
amplia cobertura temática en el hemisferio y el primero que se negocia entre un
país desarrollado y uno en desarrollo. El antecedente que ofrece, así como la
posibilidad de que eventualmente se plieguen a el otros países latinoamericanos
y caribeños, ha concitado considerable interés.
La opinión más generalizada con respecto a los efectos del Tratado de
Libre Comercio en los países de América Latina y el Caribe es que puede ser
beneficioso para los países del hemisferio, aunque evidentemente sus efectos
variarán de un país a otro y, lo que es aún más importante, según el tipo
de acuerdo que se adopte. Una posibilidad extrema sería la adopción de un
tratado abierto y amplio; la otra sería un acuerdo excluyente y restringido.
Otro factor que influiría en el impacto del TLC es el contexto internacional:
es indudable que los rasgos de la integración regional dependerán en parte de
cuán abierta o restringida resulte la aplicación práctica de la Ronda
Uruguay.
Obviamente, hay que distinguir a México del resto de América Latina y
el Caribe. En el caso de aquel país, la suscripción del TLC, junto con su
ingreso al GATT, contribuye a consolidar la orientación liberalizadora
previamente adoptada en forma unilateral. Asimismo, la entrada en vigor del
Tratado consolida el acceso de México al mercado de los Estados Unidos, lo amplía
y lo dota de bases más estables. En general, el país se beneficiará
ampliamente del TLC, en lo que respecta a la creación de comercio, las
corrientes de inversión, el crecimiento económico y, en términos más
generales, a la promoción del proceso de modernización productiva.
En lo que se refiere al resto de América Latina y el Caribe, en el
corto plazo podrían darse dos tendencias contradictorias. Por una parte, es
probable que la aprobación del TLC en los Estados Unidos actúe como
catalizador de nuevas reformas en la región y reactive los procesos de
integración subregional. El proceso de liberalización del comercio con los
Estados Unidos podría ser viable posiblemente en el marco de una zona de libre
comercio.
La segunda tendencia es más problemática. Se trata de la probable
desviación del comercio y la inversión hacia México, en desmedro del resto de
los países de América Latina y el Caribe. El grado de desviación obviamente
variará de un país a otro, pero en algunos casos podría resultar de una
magnitud apreciable.
No es posible saber con certeza qué magnitud tendrá la desviación de
las inversiones, aunque el caso de España ilustra cómo pueden aumentar las
corrientes de inversión hacia un país que ingresa a un acuerdo de integración.
Además, en el caso de México las cifras sobre inversión extranjera en los últimos
años parecen apuntar a la misma conclusión.
El grado de desviación del comercio y las inversiones depende en gran
medida de cómo evolucione el Tratado y cómo se vincule a las tendencias hemisféricas
de integración. ¿Es posible que otros países de América Latina y el Caribe
adhieran también al TLC? O, mejor aún, ¿es posible que se integren al Tratado
en grupos, manteniendo las agrupaciones subregionales ya existentes? ¿Cuánto
tardará el proceso?
La gama de posibles implicancias de las diferentes respuestas a estas
preguntas para el resto de América Latina y el Caribe es enorme. Si bien un TLC
abierto parecería ser la mejor opción para el hemisferio (junto con una amplia
aplicación de los principios que se persiguen con la Ronda Uruguay), un TLC
excluyente podría ser más negativo para la región (con la excepción de México)
que la posible no adopción del Tratado.
Sin embargo, parece haber indicios de que el Gobierno de los Estados
Unidos está dispuesto a ampliar el Tratado y de que probablemente se imponga un
TLC abierto, aunque cabe prever que el proceso de ampliación tarde muchos años.
Suponiendo que así sea, cabe hacer algunas observaciones respecto de la
desagregación de costos y beneficios por categorías de países en un esquema
hemisférico más amplio derivado del TLC. Dicho de otra manera, si bien todos
los países del hemisferio pueden beneficiarse de una zona de libre comercio en
el hemisferio, algunos se encuentran en una situación más ventajosa que otros.
Hay varios elementos que se deben tomar en consideración en este
contexto, incluidos los siguientes: 1) la dirección de las corrientes
comerciales; 2) la composición del comercio; 3) el estado de las reformas
internas, incluido el nivel de barreras comerciales existentes entre los
posibles miembros y con respecto a los demás países; 4) la cercanía del
mercado y los inversionistas de América del Norte; 5) el tamaño económico del
país; 6) el nivel de desarrollo del país, y, 7) la oportunidad en que éste se
incorpore a la zona de libre comercio.
Muchos de estos factores están interrelacionados. Una manifestación de
ello es que los países que probablemente se cuenten entre los últimos en
integrarse a la zona de libre comercio --a menos que se tomen precauciones
especiales-- serán los más pequeños y menos desarrollados, en los que las
reformas internas aún están en ciernes.
De esta generalización se pueden derivar tres observaciones. En primer
término, al menos inicialmente, las desigualdades entre los países del
hemisferio pueden agudizarse cuando se inicie el proceso de creación de una
zona de libre comercio. En segundo lugar, pese a esta posibilidad, cualquier país
puede hacer mucho para mejorar considerablemente su posición mediante la adopción
de reformas económicas. Tercero, la atención de las necesidades de los países
pequeños y menos preparados del hemisferio se justifica, puesto que en caso de
que no se las satisfaga, probablemente recaería sobre ellos la mayor parte de
los costos de una zona de libre comercio en proceso de transición.
8. Aspectos institucionales
Para terminar, la tendencia hacia el regionalismo abierto tiene un
reflejo en su base institucional. En ese sentido, no existen fórmulas
universales. Más bien, las entidades encargadas de impulsar procesos de
integración económica deben estar en consonancia con el grado de avance de los
mismos procesos. Si sólo se trata de abolir los obstáculos a la libre
circulación de mercancías, las instituciones podrán ser predominantemente
intergubernamentales y relativamente modestas. En cambio, para conducir procesos
más complejos, que contemplen la coordinación de políticas, se precisan
instancias también más desarrolladas y de carácter intergubernamental.
En todo caso, cabría evitar la adopción de compromisos rígidos y
favorecer más bien esquemas flexibles, dotados de la adaptabilidad necesaria
como para que sea la propia dinámica del proceso la que imponga el ritmo de
desarrollo institucional. Interesa, además, que se permita y facilite una mayor
participación de las organizaciones representativas de los diversos intereses
sociales, en consonancia con el ánimo democratizador que se percibe en la región.
En ese mismo orden de ideas, se justifican las instancias como el Parlamento
Latinoamericano, que introducen el tema de la integración a la agenda política
a nivel de cada país de la región.
* Esta monografía ofrece uma sístesis del documento de la CEPAL
itulado El regionalismo abierto em América Latina y el Caribe: la integración
económica al servicio de la transformación productiva con equidad
(LC/G.1801), Santiago do Chile, abril 1994.
** Secretário-General de la Comisión Económica para la Latinoamerica
y Caribe, de Las Naciones Unidas.
http://www.mre.gov.br/unir/webunir/BILA/14/artigos/5rosenth.htm